Gente de Paz: La prohibición de Pentecostés

sábado, 4 de mayo de 2013

La prohibición de Pentecostés

Los hechos históricos sobre los que se gesta el voto de agradecimiento del llamado Rocío Chico han sido ampliamente estudiados por clérigos, teólogos e historiadores. No obstante, aquellos acontecimientos políticos y religiosos acaecidos a principios del siglo XIX aun guardan infinidad de secretos que, sin cambiar el corpus del guión que hoy conocemos, nos ofrecen suficientes alicientes para completar el puzzle y entender ciertos episodios locales circunscritos a la Guerra de Independencia (1808-1814). Todo ello sin menoscabo de la providencial mediación de la Protectora de los almonteños.

Entre estas 'novedades' cabe destacar las halladas por el historiador sevillano Julio Mayo, quien ha constatado que "la romería del Rocío quedó suspendida desde el año 1808", algo que se hizo extensible a la feria que se desarrollaba en la explanada del Santuario de la Blanca Paloma. "Diversas pruebas documentales han servido para certificar este hecho. La clave de este hallazgo se debe a un expediente del Archivo Histórico Nacional de Madrid que revela que "durante aquellos años no hubo movimientos de peregrinos".

A reforzar esta sentencia entra en juego los legajos del Archivo Municipal de Almonte y del Obispado de Huelva, donde "se da cuenta de la destitución del santero de la ermita, en 1809, por abandono de su empleo. Este hecho nos hizo comprender que la imagen no era venerada en su emplazamiento originario", sentencia el historiador.

Es decir, la imagen recibía los cultos en la Parroquia del núcleo matriz. En consonancia, cuando en la madrugada del 18 de agosto de 1809 los almonteños se encomendaron a la Patrona de Almonte para que frenara la venganza del ejército napoleónico, la Virgen de El Rocío no se encontraba físicamente en su santuario, a pesar de que las plegarias tuvieron a Ella como protagonista. Huelga recordar que a pesar de encontrarse sojuzgados por fuerzas extranjeras, la fe en la Virgen de El Rocío seguía constituyendo el cobijo espiritual de los fieles.

Mayo entiende que con anterioridad a este descubrimiento se había indagado en la génesis que dio pie al voto del Rocío Chico, si bien hasta ahora no se había tenido acceso a diversa documentación y bibliografía; menos aun cruzar esa información hasta depurar las fuentes.

En sintonía con estas revelaciones no es de extrañar que en el acta del voto de promesa del Rocío Chico, suscrita en 1813, se recoja textualmente que "la Virgen fue trasladada a Almonte durante los primeros días de enero de 1809 y que, a sus pies, se arrojase todo el clero local y numerosos parroquianos. No faltaron, por tanto, ni rosarios, salves y, sobre todo, proclamaciones de promesas y agradecimientos por los continuos favores concedidos en unos momentos de tanta incertidumbre".

Durante la Guerra de la Independencia los 'gabachos' se mostraban moderadamente condescendientes y permisivos con las costumbres autóctonas, algo extrapolable a las creencias religiosas. Sin embargo, los fieles trasladaron las imágenes desde las ermitas y templos hasta las parroquias donde Napoleón declaró extraoficialmente una especie de amnistía de culto. El historiador explica que "el expolio y la rapiña en tiempos de carestía eran difícilmente controlables. Ahí no existían pactos ni acuerdos éticos y morales".

El traslado de las imágenes quedaba circunscrito a una mera medida de índole profiláctica. Ello no fue óbice para que "los franceses tuvieran fama de ir profiriendo desagravios y ultrajes por los templos, si bien ello no quiere decir que por sistema se ensañasen con todas las iglesias que encontraban a su paso. El robo era inevitable, tanto por los miembros de la soldadesca como por los ladrones que se servían de la crisis bélica".

Pero esta praxis de los militares de ser condescendiente en materia cultural y religiosa tenía unos fines políticos según Mayo, ya que "no interesaban las sublevaciones y tampoco enconar el ánimo de los vecinos, de ahí ese carácter permisivo de los ocupantes franceses".

Aun así la calma era tan artificial como efímera y no fueron pocos los actos de hostilidad e insurgencia en la comarca de El Condado.

La marcha del Coronel Manteu en Almonte en 1810 acrecentó la anarquía y propició la muerte de multitud de soldados con el sello español: el filo de una navaja a la altura de sus cuellos. Para poner orden el Mariscal Shoult conminó al capitán Pierre D'Ossaux a hacer cumplir con la Milicia Cívica que obligara por ley al alistamiento a todos aquellos varones de entre 15 y 60 años. El incumplimiento de la misma se pagaba con el arresto.

Hasta ahora la versión oficial habla que treinta y nueve almonteños se rebelaron contra esta ley de reclutamiento, para lo cual decidieron levantarse en armas y en una fugaz operación acaban en la calle Cepeda sesgando la vida de D´Ossaux, descabezando así al ejército francés.

La respuesta francesa no se hizo esperar y Shoult mandó "pasar a cuchillo a los vecinos y saquear el pueblo" al objeto de dar un escarnio contundente, ejemplarizante y mortal como aviso a navegantes de todos aquellos españoles que osaran derramar sangre militar.

Francia no jugaba de farol. El Mariscal se cuidó de que la dotación de soldados fuese suficientemente amplia para que su orden se ejecutara sin dilación y envió un batallón integrado por ochocientos infantes.

Es en este punto donde el hallazgo de Julio Mayo cobra sentido al arrojar luz a una parte de los acontecimientos que pasaron desapercibidos a nivel histórico. En efecto, se produjo una sorprendente contraorden militar dictada desde Sevilla para que el contingente de soldados retrocediesen a la capital hispalense". De otro lado, cita, "es evidente que más tarde, el hecho de que se pudiera haber probado que el asesinato del capitán francés Pierre D'Ossaux no lo cometió ningún paisano de Almonte, ayudó a atenuar el empeño vengativo de los invasores". Pero este 'veredicto' de inocencia no eximió de culpa a los almonteños de cara a los mandos militares. Mayo recuerda que "en octubre de 1810, casi dos meses después de los sucesos del 17 de agosto, los galos anunciaron una sanción de 100.000 reales" con el que se saldó el conflicto por el asesinato del capitán francés.