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sábado, 25 de abril de 2015

"Se nos acusó, se nos juzgó, se nos condenó, se nos ejecutó y se nos expuso en la plaza pública"


Blas Jesús Muñoz. Con esa contundencia, sin ningún tipo de ambages, se ha expresado Francisco Calderón (antiguo Hermano Mayor de la Cofradía de las Penas de Málaga) en una entrevista concedida a Ángel Escalera para Diario Sur. Sus palabras hacen referencia a la acusación que, por parte del Comisario que -nombrado por el Obispado malagueño- gestiona ahora la corporación, se vertieron sobre la manipulación del censo de hermanos.

Como ya informábamos en Gente de Paz, el organismo diocesano había dispuesto para la Cofradía de las Penas la figura de un "Comisario", encargado de regir los destinos de la corporación, hasta que la autoridad eclesiástica dé el plácet oportuno. Siendo el motivo que habría provocado esta decisión salomónica el irreconciliable enfrentamiento entre las dos candidaturas que se presentaron a las elecciones previstas para el pasado 28 de noviembre, y suspendidas pocos días antes por el Obispado. Una encabezada por el hasta ahora primer teniente hermano mayor de la cofradía, Jesús Mesa, y otra por el cofrade y abogado Antonio Alés. La lista de este último solicitó amparo al Obispado con el argumento de que no podía acceder al censo de hermanos. Por su parte, la junta de gobierno en funciones esgrimió preceptos legales de la Agencia de Protección de Datos. Desde el Palacio Episcopal se ha tomado la clara decisión de cortar por lo sano ante la hipótesis de presuntas irregularidades.

Así las cosas, Francisco Calderón -hermano mayor en funciones, en el momento del nombramiento del Comisario- ha señalado en dicha entrevista que se negaron entregar el censo "por una cuestión de legalidad, pero no porque yo tuviese interés en no querer entregarlo". A lo que prosigue afirmando que "no tenía nada que ocultar", toda vez que indica que solicitó "dos audiencias con el vicario general y las dos me fueron denegadas".

Sobre una posible premeditación, por parte del obispado, Calderón teoriza que "si no había interés, sí había, al menos, intencionalidad. Sospechosamente, en otras cofradías se actúo de diferente manera a la que se actuó en las Penas. A otras hermandades se les dijo que el censo no se podía entregar y a nosotros nos dijeron que lo entregásemos".

Finalmente, las quejas del antiguo dirigente cofrade por el trato recibido son bastante duras, al expresar que "Se nos llamó una tarde a tres personas y a la hora se publicó un comunicado en las redes sociales. Insisto: a nosotros se nos acusó, se nos juzgó, se nos condenó, se nos ejecutó y se nos expuso en la plaza pública. Se ha atentado contra nuestro honor. Yo tengo derecho a que se preserven mis datos. Siento que se ha manchado mi honor".








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